Los expertos en contra de la ley de la reforma del alquiler
El pasado 1 de marzo, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley que permite intervenir el mercado del alquiler, modificando la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esto supone la tercera reforma en cuestiones del mercado del alquiler en menos de tres meses. Sin embargo, los expertos ya han mostrado su disconformidad con esta situación. Esta nueva reforma supondrá una subida del precio, una disminución del número de pisos en el mercado y una gran inseguridad jurídica.
Disminución de los pisos de alquiler
Una de las primeras consecuencias que provocará la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos es precisamente la disminución del número de pisos de alquiler. Muchos de los propietarios se verán tentados a sacar sus viviendas del mercado. Esta situación es, precisamente, lo contrario a lo que se debería buscar en España. Lo que se debería hacer es promover medidas que ayuden a aumentar la oferta de forma eficaz. Esta es la forma de moderar los precios dentro del mercado.
La disminución del número de pisos de alquiler traerá consigo una tendencia al alza de los precios y, por consiguiente, una reducción de la oferta. Según Claudio Boada, Senior Advisor de Blackstone España, este “Real Decreto-Ley discrimina sin razón a los operadores profesionales del alquiler, utilizando normas específicas para ellos y limitando sus garantías como arrendadores.” Por tanto, considera que esta es una “normativa muy restrictiva en comparación con el resto de países europeos”.
Precios del alquiler más elevados
Según expertos, estas nuevas medidas no va a afectar a los precios altos de los alquileres, pero sí van a crear una burbuja restrictiva en la oferta de viviendas de alquiler. Consideran que, esta nueva reforma del Gobierno, al igual que la realizada en diciembre, en lugar de regular el alquiler ofreciendo medidas eficaces para conseguir un aumento significativo de la oferta y moderar los precios, afecta de forma directa a los propietarios. Esta discriminación hacia ellos hará que la oferta sea más reducida y, por tanto, se produzca un inmenso aumento de los precios.
La única forma de conseguir que el precio de las viviendas de alquiler disminuya es creando una mayor oferta de viviendas de alquiler. Sin embargo, crear un índice de precios no tiene sentido ya que no tiene en cuenta muchos factores, como por ejemplo, el estado en que se encuentra la vivienda.
Para Blackstone las nuevas medidas supondrán que los precios de salida ofertados sean más altos y, esto, afectará directamente a los arrendamientos más asequibles. Es decir, por debajo de 600 euros.
Aumento de la inseguridad jurídica
Según consideran los expertos, estos nuevos cambios en la ley sólo va a generar más desconfianza. En menos de tres meses, el Gobierno ha modificado hasta tres veces la normativa del mercado de alquiler. Este desconcierto hará que, una vez más, se produzca una paralización del mercado de alquiler hasta que se convalide o desapruebe dicha ley.
Según la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI), lo necesario es realizar un consenso que realmente sea una forma de conseguir estabilidad. La idea es que las nuevas leyes ayuden y protejan a todas las partes que se encuentran involucradas en el proceso de arrendamiento.
El alquiler de las viviendas es utilizado como vehículo de ahorro y renta por más de 4 millones de familias. Además, es la única forma de encontrar un hogar para 10 millones de personas. Con la modificación de estas leyes, los arrendatarios serán los principales perjudicados con esta situación.
Sin embargo, no contar con medidas correlacionadas con vivienda social y vivienda protegida asequible puede llegar a provocar la distorsión del mercado. Así lo considera Asprima. Además, también considera que no es positivo para nadie, ni para el mercado ni para la sociedad, intervenir en los tiempos para incrementar el precio de los alquileres, ya que esto se realizará dependiendo del IPC.
Los propietarios, los más afectados
Si hay algo en lo que coinciden todos los expertos del sector, es que esta regulación protege a los inquilinos, pero deja completamente desprotegidos a los caseros. Es posible que esta medida bajase el precio de alquiler en ciudades grandes como son Madrid, Bilbao, Barcelona o Valencia, pero también cabe la posibilidad de sufrir el efecto contrario. Muchos propietarios pueden ver una pérdida de interés en el mercado de alquiler y quitar su vivienda del mercado. Esto produciría una reducción de la oferta y, por tanto, un aumento de los precios de alquiler.
Si bien la finalidad de la modificación de la ley es positiva y válida, los medios para lograrlo son los erróneos. Todo el mundo debe y tiene derecho a una vivienda digna. Sin embargo, esta debe darse a partir de políticas sociales de ayudas, y no perjudicando negativamente a los dueños de dichas viviendas.
Además, aunque pueda parecer que esta modificación sólo afecta de forma negativa a los propietarios, es un error. Muchos inquilinos tendrán más complicado acceder a una vivienda, debido al aumento de los precios. Esto perjudicará a los sectores más vulnerables: menores de 30 años y mayores de 65, familias en riesgo de exclusión, personas con contratos temporales, mileuristas, autónomos, familias monoparentales…
Por tanto, esta última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lejos de ser una ayuda, terminará provocando una mala situación tanto a propietarios como a inquilinos.